Se ha publicado en el BOE de 4 de diciembre de 2020, la Orden HAC/1154/2020, de 27 de octubre, por la que se modifican la Orden HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 233, "Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados" y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria; y la Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se regula la llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Mediante esta orden, se introducen cambios en el contenido de dicha declaración informativa para poder generar con mayor precisión los datos fiscales de los contribuyentes que tengan derecho al incremento de la deducción por maternidad, así como modificaciones respecto a la regulación de la llevanza de los libros registros en el IRPF.

Se ha publicado en el BOE de 4 de diciembre de 2020, la Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año 2021, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Se mantiene la estructura de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En el BOE de 24 de noviembre se ha publicado la Orden HAC/1089/2020, de 27 de octubre, por la que se modifica la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria.

La finalidad de esta orden es adaptar la llevanza de los libros registro de IVA al Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, para incluir los acuerdos de la venta de bienes en consigna, así como mejoras técnicas y normativas.

En el BOE de 18 de noviembre se ha publicado el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.

El objeto de este RD-ley, dividido en 3 capítulos,  es reforzar las medidas de apoyo a la liquidez y la solvencia y ampliar su alcance y, en aras de fomentar el acceso a financiación de empresas y autónomos y evitar que eventuales tensiones de liquidez se transformen en problemas de solvencia, se prevé una ampliación del vencimiento de los préstamos con aval público otorgados al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que irá acompañado de una extensión por el mismo plazo del aval público.

Entre otras medidas de apoyo a la solvencia empresarial, también se hace necesario proteger los sectores estratégicos de nuestra economía y un elenco de medidas tributarias.

En el BOE de 16 de octubre se ha publicado la Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, con la finalidad de contribuir al objetivo de consolidación de las finanzas públicas, y reforzar el principio de equidad del sistema tributario, habida cuenta que las operaciones que ahora se someten a tributación con carácter general no se encuentran sujetas efectivamente a impuesto alguno en el ámbito de la imposición indirecta.

Esta Ley entrará en vigor el 16 de enero de 2021.

En el BOE de 16 de octubre se ha publicado la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, con la finalidad de adaptar la fiscalidad a la realidad económica actual, la cual está adquiriendo rápidamente carácter digital cuyos modelos de negocio se basan en gran medida en la capacidad de llevar a cabo actividades a distancia, que provoca una desconexión entre el lugar donde se genera el valor y el lugar donde las empresas tributan. 

En el BOE de 12 de agosto se ha publicado la Orden HAC/785/2020, de 21 de julio, por la que se modifican la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Mediante esta orden se establecen los supuestos en los que las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria no podrán anular o rectificar ingresos previamente recaudados, y permite el pago mediante transferencia bancaria en el caso de deudas cuyo pago pueda realizarse a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria.

La Dirección General de Tributos ha publicado una consulta vinculante, acerca de la consideración como suplido de tasas de tráfico facturadas por la gestoría administrativa a su cliente, a los efectos de no aplicarle el IVA.

La gestoría administrativa adquiere directamente en la web de la Dirección General de Tráfico las tasas para las transferencias y matriculaciones de vehículos, en nombre propio y posteriormente factura a los clientes sus honorarios y el importe de dichas tasas.

En el BOE de 11 de agosto se ha publicado la Resolución de 10 de agosto de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones financieras aplicables a las operaciones de préstamo entre la Administración General del Estado y las Entidades Locales, según los términos previstos en el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las Entidades Locales.

Las Entidades Locales, que actúan como prestamistas, pueden poner a disposición de la Administración General del Estado, que actúa como prestataria, los recursos financieros provenientes de los remanentes de tesorería, según lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto-Ley 27/2020, de 4 de agosto.

Mediante esta resolución se regulan las condiciones financieras a cumplir en estas operaciones de préstamo:

Publicada nota de prensa en la web del Poder Judicial sobre una sentencia del Tribunal Supremo en la que se ha anulado y dejado sin efecto el artículo 54 ter del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria, introducido en 2017, que regula la “Obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”, ya que su tramitación no fue comunicada a la Comisión Europea como era preceptivo, derivando en un incumplimiento formal.

La declaración informativa debía incluir los siguientes datos: identificación del titular de la vivienda cedida con fines turísticos, del inmueble con especificación del número de referencia catastral, de las personas o entidades cesionarias, del número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos, así como el importe percibido por el titular cedente del uso de la vivienda con fines turísticos o, en su caso, indicar su carácter gratuito.

El Supremo aplica al caso la sentencia del TJUE en el ‘caso Airbnb’, de 19 de diciembre de 2019, de la que se desprende que una norma como el artículo 54 ter del citado Reglamento “debía haber sido notificada bajo la Directiva 1535/2015 (procedimiento de información en reglamentaciones técnicas) y que su falta de notificación conlleva su invalidez”.

Fuente: Poder Judicial