El Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos, ha venido a, esencialmente, prorrogar el mantenimiento de las medidas adoptadas en enero sobre medidas de flexibilidad y expedientes de regulación de empleo en los sectores especialmente afectados por las limitaciones derivadas de la situación sanitaria.

El Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores publicada en el BOE de 28 de abril de 2021, hace una serie de modificaciones en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal; el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto; y la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social  con el objetivo primordial la transposición de la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, cuyo plazo de transposición concluyó el pasado 30 de julio de 2020.

El pasado 14 de octubre se publicó el Real Decreto 902/2020, de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, desarrollando el Real Decreto-ley 6/2019, que modificó el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. En síntesis, establece para todas las empresas la obligación de llevar un registro de salarios que sirva para detectar la existencia de desequilibrios en las políticas retributivas aplicadas a hombres y mujeres e implantar medidas correctoras para el supuesto de que se evidencie su existencia. Esta obligación entra en vigor mañana, 14 de abril de 2021.

La Seguridad Social ha publicado en su web una comunicación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en el ámbito del Sistema Especial para Empleados de Hogar, en la que se indica que en los próximos días la ITSS va a enviar cartas a determinados empleadores de empleados/as de hogar que figuran en las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), con las siguientes condiciones:

• Un contrato de trabajo a tiempo completo.
• Unas retribuciones inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI) en cómputo mensual (950 euros)  incrementadas con el prorrateo de 2 pagas extraordinarias.

(Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)

En el BOE de 27 de enero de 2021, se ha publicado Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. Establece, sobre todo, prórrogas a medidas ya adoptadas en el contexto de la crisis sanitaria.

Como medidas más relevantes, y con efectos desde el 27 de enero de 2021, ya que ha entrado inmediatamente en vigor, destacamos:

En el mes de septiembre se cumplirán 180 días de prestaciones para muchos trabajadores que siguen total o parcialmente en ERTE desde el 14 de marzo de 2020.

La prestación que se está cobrando es la del desempleo, aunque no se vaya a descontar el tiempo consumido en una posible situación en la que el empleo sea irrecuperable y el ERTE termine en despido. Siendo así, y salvo que el BOE lo remedie, la prestación pasará del 70% de la base reguladora al 50% de la base reguladora cuando los 180 días se cumplan, lo que supone un descenso significativo salvo que se trate de prestaciones en las que la base reguladora sea alta y ese 50% supere los topes establecidos.

Tal como hay un tope máximo (sin hijos 1098,09 euros; con un hijo 1254,96 euros; con dos o más hijos 1411,83 euros) hay una cuantía mínima de prestación por desempleo a tiempo completo; (501,98 euros para los trabajadores sin hijos y 671,40 para los trabajadores con uno o más hijos).

Si bien entendemos que habrán tenido en cuenta esta circunstancia, que forma parte de la dinámica de las prestaciones por desempleo desde hace años y no depende de las empresas, les remitimos este boletín para que lo tengan presente.

Se publicó en el BOE  el  Real Decreto-ley 20/2020, de 1 de junio, por el que se establece el ingreso mínimo vital, que entró  en vigor el mismo 1 de junio. Le detallamos los puntos principales de la misma.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto a disposición de los ciudadanos un simulador para que puedan comprobar si cumplen los requisitos económicos de acceso.

Se ha publicado Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, que ha entrado el mismo día de su publicación, 13 de mayo, en vigor. En él se modifican, matizan y establecen condiciones a medio plazo para los ERTES por fuerza mayor solicitados en función del COVID-19 y se establece una posible transición a ERTES por circunstancias económicas, organizativas, técnicas y de producción.

El Real Decreto-Ley 8/2020, de 31 de marzo, estableció una serie de especialidades en los ERTES de fuerza mayor, matizando la regulación existente sobre expedientes de regulación de empleo, que sigue siendo el corpus normativo de referencia para lo que los tres artículos del Real Decreto Ley no contempla.

No han sido pocas las dificultades de gestión surgidas a raíz del volumen de tramitación y la premura de los plazos. Nos encontramos ahora con un regreso a la actividad en la que las estructuras productivas están intactas (no es una fuerza mayor derivada de catástrofes naturales que impiden la actividad por destructivas de los bienes) pero el volumen de negocio, e incluso el planteamiento del mismo, es improbable que se recupere de forma inmediata en la gran mayoría de las empresas afectadas por el cierre.

El artículo 35 del Real Decreto-ley 11/2020 permite el aplazamiento de las cotizaciones de Seguridad Social a un interés muy reducido, para todas aquellas empresas que no tengan aplazamientos en vigor y estén fuera del ámbito definido como de aplicación de la moratoria de cotización. Para realizar estas solicitudes se ha habilitado una pestaña específica de tramitación en la Sede Electrónica de la Seguridad Social y se ha emitido un boletín RED con las especificaciones técnicas.