El Tribunal Supremo ha resuelto recurso de casación para la unificación de la doctrina sobre recargo de prestaciones en accidente de trabajo en los supuestos en los que la empresa tiene culpa “in vigilando”, esto es, el accidente se produce por la mala praxis de un empleado y no por no haber puesto los medios necesarios para evitarlo.

El Tribunal Supremo ha resuelto un recurso de casación para la unificación de la doctrina sobre un asunto que plantea el valor liberatorio de un finiquito para la empresa. Hasta ahora la interpretación común era que ambas partes en la relación laboral quedaban liberadas a la firma del finiquito, sin que procediesen ulteriores liquidaciones.

En el BOE de 8 de abril de 2019 se publicó la Orden TMS/397/2019, de 4 de abril, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social por la que se procede a actualizar la regulación reglamentaria. Resuelve además algunas incidencias que se habían venido produciendo en la tramitación y acota plazos que no estaban claramente definidos.

En el BOE de 12 de marzo de 2019 se publicó el Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. En su condición de Real Decreto Ley la norma debe ser convalidada.

La norma abarca varias modificaciones significativas sobre control de jornadas, bonificaciones, subsidio para mayores de 52 años..., que abordaremos como noticias diferenciadas. Entra en vigor el día 13 de marzo, con excepciones, como la de los contratos indefinidos bonificados (para desempleados de larga duración y régimen agrario) el uno de abril, o el plazo de dos meses de espera para la aplicación de la implantación del registro de la jornada ordinaria de trabajo. Tratándose de un Real Decreto Ley y estando convocadas elecciones generales, la norma tiene que ser convalidada o derogada por la Diputación Permanente del Congreso, debate y votación que debe producirse antes de transcurridos los treinta días siguientes a su promulgación y que marcará la seguridad jurídica en su aplicación.

En el BOE de 12 de marzo de 2019 se publicó el Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. En su condición de Real Decreto Ley la norma debe ser convalidada.

La norma abarca varias modificaciones significativas sobre control de jornadas, bonificaciones, subsidio para mayores de 52 años..., que abordaremos como noticias diferenciadas. Entra en vigor el día 13 de marzo, con excepciones, como la de los contratos indefinidos bonificados (para desempleados de larga duración y régimen agrario) el uno de abril,  o el plazo de dos meses de espera para la aplicación de la implantación del registro de la jornada ordinaria de trabajo. Tratándose de un Real Decreto Ley y estando convocadas elecciones generales, la norma tiene que ser convalidada o derogada por la Diputación Permanente del Congreso, debate y votación que debe producirse antes de transcurridos los treinta días siguientes a su promulgación y que marcará la seguridad jurídica en su aplicación.

El BOE de 29 de diciembre de 2018, en Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, deroga artículos de la Ley 3/2012, de la 11/2013 y del Estatuto de los Trabajadores, que tienen un impacto directo en el sistema de contratos bonificados y en las características mismas de algunos contratos.

El BOE de 29 de diciembre de 2018, en Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, actualiza las retribuciones y cotización del Sistema Especial de Empleados del Hogar, introduciendo más tramos, modificando las cuantías que le corresponden a cada uno, y actualizando la convergencia prevista del Sistema Especial con las cotizaciones y prestaciones del Régimen General.

En el BOE de 27 de diciembre de 2018 se publicó el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019. Sobre esa regulación el BOE de 29 de diciembre de 2018, en Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo realiza una serie de matizaciones destacables sobre su aplicación.

El BOE de 29 de diciembre de 2018, en Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo modifica la tarifa para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en más de una veintena de actividades. 

En sede de Presupuestos Generales del Estado se ha establecido el incremento de la base reguladora que da pie al cálculo de la pensión de viudedad. Este incremento no va a suponer en muchos casos que se note incremento en la cantidad a percibir, ya que hay una serie de variables que entran en juego que no se aplican a todos los pensionistas. El incremento debería haber sido aplicado de oficio por la administración desde el mes de agosto, en el que la base reguladora pasa al 56%.  A partir de 1 de enero de 2019, se aplicará el 60 %. De haber un error, la reclamación debe presentarse antes del 1 de noviembre de 2018 para que los efectos de la solicitud alcancen el 1 de agosto de 2018, en función de la retroactividad de tres meses fijada como máxima por la normativa.