La página del Instituto Cervantes se ha modificado recientemente, en concreto en el apartado donde se abordan las preguntas frecuentes de ambas pruebas con respecto a la sección de exenciones y dispensa. Antes de entrar en el fondo de los cambios, conviene repasar la diferencia entre exención y dispensa.

Las exenciones no requieren ser acreditadas, más allá del documento que permite verificarlas. Por ejemplo, los menores de edad se encuentran exentos de examinarse en estas pruebas, ¿cómo se comprueba? A través del pasaporte y certificado de nacimiento, documentos requeridos para solicitar la nacionalidad por residencia de un menor de edad.

En el BOE de 29 de diciembre, se publicó el Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a métodos y regímenes especiales de tributación.

Mediante el presente real decreto ley, se adecuan varias referencias temporales incluidas en la Ley 19/1994, y se amplía hasta el 31 de diciembre del año 2027 la vigencia de la Zona Especial Canaria al ser este el nuevo término del período de vigencia del mapa de ayudas regionales.

Por otro lado como consecuencia de las modificaciones que resultarán de aplicación para el año 2022 en el método de estimación objetiva del IRPF, en el régimen simplificado y en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA, se considera oportuno fijar un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a los citados métodos y regímenes especiales.

En el BOE de 20 de octubre se ha publicado el Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

Los cambios introducidos afectan a la situación de los menores de edad no acompañados, siendo su propósito intentar superar las dificultades que inciden de forma negativa en la integración e inclusión de este colectivo. 

Desde el 3 de septiembre de 2021, entra en vigor de la ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Con el propósito de limitar la difusión de los contagios, con base a indicadores de la evolución epidemiológica desfavorable de determinados países, se adoptan medidas extraordinarias a las que deben someterse las personas procedentes de países de alto riesgo.

En este sentido, el 24 de julio se publicó la Orden SND/791/2021, de 23 de julio, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Con motivo de la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2, la entrada a España fue regulada a través de diversas Órdenes y Resoluciones, las cuales se estructuran a través de dos criterios: sanitarios y fronterizos. Los sanitarios se refieren al cumplimiento de una serie de pautas tendientes a garantizar que el viajero no se convertirá en una fuente de contagio, mientras que los fronterizos atienden a qué viajeros pueden realizar el ingreso a España y si necesitan cumplir con los criterios sanitarios.

En esta noticia analizaremos los distintos parámetros que determinan la entrada a España. No obstante, debemos advertir sobre el carácter voluble de estos, dado que algunas actualizaciones se ejecutan cada 7 días, como lo es el caso de los países o zonas de riesgo, siendo indispensable revisar la información antes de proporcionar una respuesta.

La sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2021 amplía la interpretación legal que hasta la fecha se venía manejando respecto al arraigo laboral. La sala de lo contencioso administrativo añade que no es imprescindible que se acredite la relación laboral ni su duración, de forma exclusiva, mediante los medios establecidos en el párrafo segundo del art. 124.1 del Real Decreto 557/2011, “pudiendo acreditarse por cualquier medio de prueba válido, incluido el certificado de vida laboral que acredite una relación laboral derivada de una anterior autorización de residencia que hubiera perdido vigencia” (STS 1184/2021, pág. 7).

Además, la Sala precisa que el precepto legal “no tiene por objeto restringir el concepto mismo de arraigo laboral a un tipo específico de relación laboral, la ilegal o clandestina, ni mucho menos imponer la obligación de denunciar la ilegalidad de la situación laboral a quien la padece” (STS 1184/2021, pág. 5). Por tanto, el elemento que se modifica, respecto al artículo del reglamento, es la necesidad de probar la existencia y duración de la relación laboral a través de una sentencia judicial o resolución administrativa. En esta noticia analizaremos el alcance de esta modificación y sus implicaciones.

Desde el 6 de julio de 2020 se ha iniciado el procedimiento de regularización de la situación administrativa de los ciudadanos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en función de lo establecido en el  Acuerdo de Retirada publicado el 19 de febrero de 2019.

La Dirección General de Migraciones y de la Dirección General de la Policía ha publicado una Instrucción conjunta por la que se determina el procedimiento para la expedición del documento de residencia previsto en el artículo 18.4 de dicho acuerdo.

Los ciudadanos de países de la comunidad europea no documentan su estancia en España a través de una tarjeta, de un soporte físico. Se registran, obtienen una certificación de ese registro, y utilizan el documento de identidad que su país de origen le facilita. Al perder los ciudadanos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte su condición de comunitarios, procede documentar la situación de quienes ya son residentes de una manera específica, para lo que se han puesto a disposición los pertinentes formularios, los ex20 , ex21 y ex23.

Publicado en el BOE de 2 de junio de 2020 Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio, por la que se publica la Adenda al Convenio con el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, en relación con la realización de trámites administrativos y gestión documental por vía electrónica.

El convenio firmado inicialmente el 24 de junio de 2019, se suscribió para habilitar a los gestores administrativos colegiados para la presentación electrónica de documentos en representación de terceras personas, con el fin de favorecer el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos de carácter administrativo por parte de los ciudadanos ante las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.  Su ámbito material comprendía los trámites en materia de extranjería que se realizan en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, a través de las Oficinas de Extranjería y, en su caso, de las Áreas o Dependencias funcionales de Trabajo e Inmigración (incluidos aquellos en los que se requieran, la comparecencia presencial del interesado), siempre que los mismos se encuentren disponibles para la presentación de documentos por parte de los ciudadanos en la sede electrónica de este Departamento.

Como consecuencia de la situación actual en la que nos encontramos por el COVID-19, se ha incrementado el volumen de trabajo de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, por lo que con esta adenda, al contar con la colaboración de los distintos colegios de gestores en su ámbito territorial, se pretende facilitar la realización de algunos trámites agilizando la actuación de las mismas.

Se ha publicado en el BOE de 20 de mayo, la Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El objetivo de la orden es aportar cierta seguridad jurídica ante esta extraordinaria situación y evitar que, una vez se levante el estado de alarma, los extranjeros puedan encontrarse en una situación de irregularidad sobrevenida.